P.L. 104-114 – Ciento Cuatro Congreso de los Estados Unidos de América
Una Ley Para buscar sanciones internacionales contra el gobierno de Castro en Cuba, para planificar el apoyo de un gobierno de transición que conduzca a un gobierno elegido democráticamente en Cuba, y para otros propósitos.
Ley de la Libertad y de la Solidaridad Democrática con Cuba de 1996
(Codificado en el Título 22, Secciones 6021-6091 del Código de los Estados Unidos)
Promulgada por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en asamblea del Congreso,
(a) Título breve .– Esta Ley puede citarse como la “Ley de la Libertad y de la Solidaridad Democrática con Cuba de 1996”.
(b) Tabla de contenido .– La tabla de contenido de esta Ley es la siguiente:
Sec. 1. Título corto; Tabla de contenido.
Sec. 2. Hallazgos.
Sec. 3. Propósitos.
Sec. 4. Definiciones.
Sec. 5. Divisibilidad.
TÍTULO III – PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
SEC. 301. RESULTADOS.
El congreso hace las siguientes conclusiones:
(1) Los individuos disfrutan de un derecho fundamental a poseer y disfrutar de una propiedad que está consagrada en la Constitución de los Estados Unidos.
(2) La confiscación ilícita o la toma de propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos por parte del gobierno cubano, y la posterior explotación de esta propiedad a costa del propietario legítimo, socava la comunidad de naciones, el libre flujo de comercio y el desarrollo económico. .
(3) Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba en 1959:
(A) ha pisoteado los derechos fundamentales del pueblo cubano; y
(B) a través de su despotismo personal, ha confiscado la propiedad de–
(i) millones de sus propios ciudadanos;
(ii) miles de nacionales de los Estados Unidos; y
(iii) miles de cubanos más que reclamaron asilo en los Estados Unidos como refugiados debido a la persecución y luego se convirtieron en ciudadanos naturalizados de los Estados Unidos.
(4) Es en interés del pueblo cubano que el gobierno cubano respete por igual los derechos de propiedad de los ciudadanos cubanos y de otros países.
(5) El gobierno cubano está ofreciendo a los inversionistas extranjeros la oportunidad de comprar una participación accionaria, administrar o establecer empresas conjuntas utilizando propiedades y activos, algunos de los cuales fueron confiscados a ciudadanos de los Estados Unidos.
(6) Este “tráfico” en propiedades confiscadas proporciona un beneficio financiero muy necesario, incluida la moneda fuerte, el petróleo, la inversión y la experiencia productiva, al actual gobierno cubano y, por lo tanto, socava la política exterior de los Estados Unidos:
(A) llevar las instituciones democráticas a Cuba a través de la presión de un embargo económico general en un momento en que el régimen de Castro ha demostrado ser vulnerable a la presión económica internacional;
y
(B) para proteger las reclamaciones de los ciudadanos de los Estados Unidos que tenían propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
(7) El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha notificado a otros gobiernos que la transferencia a terceros de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano “complicaría cualquier intento de devolverlos a sus propietarios originales”.
(8) El sistema judicial internacional, tal como está estructurado actualmente, carece de recursos totalmente efectivos para la confiscación ilícita de la propiedad y para el enriquecimiento injusto del uso de la propiedad confiscada por error por los gobiernos y entidades privadas a expensas de los legítimos propietarios de la propiedad.
(9) El derecho internacional reconoce que una nación tiene la capacidad de establecer normas de derecho con respecto a conductas fuera de su territorio que tienen o se pretende que tengan un efecto sustancial dentro de su territorio.
(10) El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de que sus ciudadanos proporcionen protección contra confiscaciones injustas por parte de naciones extranjeras y sus ciudadanos, incluida la provisión de recursos privados.
(11) Para disuadir el tráfico de bienes confiscados erróneamente, los ciudadanos de los Estados Unidos que fueron víctimas de estos decomisos deberían contar con un recurso judicial en los tribunales de los Estados Unidos que negaría a los traficantes cualquier beneficio de la explotación económica de las incautaciones ilegales de Castro.
SEC. 302. RESPONSABILIDAD POR TRÁFICO EN PROPIEDADES CONFISCADAS RECLAMADAS POR NACIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS.
(a) Remedio Civil .–
(1) Responsabilidad por el tráfico .– (A) Salvo que se disponga lo contrario en esta sección, cualquier persona que, después del final del período de 3 meses que comienza en la fecha de vigencia de este título, realice un tráfico de bienes que fue confiscado por el El gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959, será responsable ante cualquier ciudadano de los Estados Unidos que posea la reclamación de dichos bienes por daños monetarios por un monto igual a la suma de:
(i) la cantidad que sea mayor de–
(I) el monto, si lo hubiera, certificado al reclamante por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras conforme a la Ley de Resolución de Reclamaciones Internacionales de 1949, más los intereses;
(II) la cantidad determinada según la sección 303 (a) (2), más los intereses; o
(III) el valor justo de mercado de esa propiedad, calculado como el valor actual de la propiedad o el valor de la propiedad cuando se confiscó más el interés, el que sea mayor; y
(ii) Costos judiciales y honorarios razonables de abogados.
(B) Los intereses según el subpárrafo (A) (i) serán a la tasa establecida en la sección 1961 del título 28, Código de los Estados Unidos, computada por el tribunal desde la fecha de confiscación de la propiedad en cuestión hasta la fecha en que la acción es traído bajo esta subsección.
(2) Presunción a favor de las reclamaciones certificadas .– Se presumirá que la cantidad por la cual una persona es responsable según la cláusula (i) del párrafo (1) (A) es la cantidad que se certifica como se describe en la subcláusula (I) de esa cláusula. La presunción será refutable mediante evidencia clara y convincente de que la cantidad descrita en la subcláusula (II) o (III) de esa cláusula es la cantidad apropiada de responsabilidad bajo esa cláusula.
(3) Mayor responsabilidad .– (A) Cualquier persona que trafica en bienes confiscados por los cuales incurre en responsabilidad conforme al párrafo (1) deberá, si un nacional de los Estados Unidos posee una reclamación con respecto a esa propiedad que fue certificada por los Reclamos Extranjeros La Comisión de Liquidación bajo el título V de la Ley de Liquidación de Reclamos Internacionales de 1949, será responsable de los daños computados de acuerdo con el subpárrafo (C).
(B) Si el reclamante en una acción bajo esta subsección (que no sea un nacional de los Estados Unidos a quien se aplica el subpárrafo (A)) proporciona, después del final del período de 3 meses descrito en
párrafo (1) aviso a–
(i) una persona contra quien se iniciará la acción, o
(ii) una persona que debe unirse como acusado en la acción, al menos 30 días antes de iniciar la acción o unirse a dicha persona como acusado, según sea el caso, y esa persona, después del final del 30- En el período de un día que comienza en la fecha en que se proporciona la notificación, los tráficos en la propiedad confiscada que es el sujeto de la acción, esa persona será responsable ante el reclamante por los daños computados de acuerdo con el subpárrafo (C).
(C) Los daños por los cuales una persona es responsable según el subpárrafo (A) o el subpárrafo (B) son daños monetarios en una cantidad igual a la suma de:
(i) la cantidad determinada según el párrafo (1) (A) (ii), y
(ii) 3 veces la cantidad determinada aplicable según el párrafo (1) (A) (i).
(D) Aviso a una persona bajo el subpárrafo (B) –
(i) se hará por escrito;
(ii) se publicará por correo certificado o se entregará personalmente a la persona; y
(iii) contendrá–
(I) una declaración de intención para comenzar la acción conforme a esta sección o para unirse a la persona como acusado (según sea el caso), junto con las razones para ello;
(II) una demanda para que el tráfico ilícito en la propiedad del reclamante cese inmediatamente; y
(III) una copia de la declaración resumida publicada en virtud del párrafo (8).
(4) Aplicabilidad .– (A) Salvo que se disponga lo contrario en este párrafo, se pueden entablar acciones conforme al párrafo (1) con respecto a los bienes confiscados antes, en o después de la fecha de promulgación de esta Ley.
(B) En el caso de propiedad confiscada antes de la fecha de la promulgación de esta Ley, un nacional de los Estados Unidos no puede presentar una acción en esta sección sobre una reclamación de la propiedad confiscada a menos que dicho nacional adquiera la propiedad de la reclamación antes de dicha fecha de promulgación.
(C) En el caso de una propiedad confiscada en o después de la fecha de la promulgación de esta Ley, un ciudadano de los Estados Unidos que, después de que la propiedad sea confiscada, adquiera la propiedad de una reclamación de la propiedad por cesión por valor, no puede Acción sobre el reclamo bajo esta sección.
(5) Tratamiento de ciertas acciones .– (A) En el caso de un nacional de los Estados Unidos que fue elegible para presentar una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de conformidad con el título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, pero no lo hizo. la reclamación, ese nacional de los Estados Unidos no puede iniciar una acción sobre esa reclamación conforme a esta sección.
(B) En el caso de cualquier acción presentada en virtud de esta sección por un nacional de los Estados Unidos cuya reclamación subyacente en la acción se presentó oportunamente ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de conformidad con el título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949, pero la Comisión la denegó , el tribunal aceptará las conclusiones de la Comisión sobre la demanda como concluyentes en la acción bajo esta sección.
(C) Un nacional de los Estados Unidos, que no sea un nacional de los Estados Unidos que interponga una acción en virtud de esta sección por una reclamación certificada según el Título V de la Ley de resolución de reclamaciones internacionales de 1949, no puede presentar una acción por una reclamación en virtud de esta sección antes de su finalización. del período de 2 años que comienza en la fecha de la promulgación de esta Ley.
(D) Un interés en bienes para los cuales un nacional de los Estados Unidos tiene una reclamación certificada según el título V de la Ley de resolución de reclamaciones internacionales de 1949 no puede ser objeto de una reclamación en una acción bajo esta sección por parte de otra persona. Cualquier persona que presente una acción bajo esta sección cuya reclamación no ha sido certificada tendrá la responsabilidad de establecer ante el tribunal que el interés en la propiedad que es el sujeto de la reclamación no es el sujeto de una reclamación así certificada.
(6) Inaplicabilidad del acto de la doctrina estatal. Ningún tribunal de los Estados Unidos rechazará, basándose en el acto de la doctrina estatal, tomar una determinación sobre el fondo en una acción presentada en virtud del párrafo (1).
(7) No se requieren licencias .– (A) A pesar de cualquier otra disposición de la ley, una acción bajo esta sección puede ser presentada y puede ser resuelta, y una sentencia dictada en dicha acción puede ser ejecutada, sin obtener ninguna licencia u otro permiso de cualquier agencia de los Estados Unidos, excepto que este párrafo no se aplicará a la ejecución de una sentencia en contra de, o al establecimiento de acciones que involucren, propiedades bloqueadas por las autoridades de la sección 5 (b) de la Ley de Comercio con Enemigos que fueron ejerciéndose el 1 de julio de 1977, como resultado de una emergencia nacional declarada por el Presidente antes de dicha fecha, y se está ejerciendo en la fecha de la promulgación de esta Ley.
(B) No obstante cualquier otra disposición de la ley, y solo para los fines de este título, cualquier reclamación contra el Gobierno cubano no se considerará como un interés en bienes cuya transferencia a un nacional de los Estados Unidos se requiere antes de la promulgación de esta Ley. , o requiere después de la promulgación de esta Ley, una licencia emitida por, o el permiso de, cualquier agencia de los Estados Unidos.
(8) Publicación por el fiscal general .– A más tardar 60 días después de la fecha de la promulgación de esta Ley, el Fiscal General preparará y publicará en el Registro Federal un resumen conciso de las disposiciones de este título, incluida una declaración de la responsabilidad bajo este título de una persona que trata con bienes confiscados, y los recursos disponibles para los ciudadanos de los Estados Unidos bajo este título.
(b) Monto en controversia .– Un ciudadano de los Estados Unidos puede presentar una acción conforme a esta sección solo cuando el monto en controversia exceda la suma o el valor de $ 50,000, sin incluir intereses, costos ni honorarios de abogados. Al calcular $ 50,000 a los fines de la oración precedente, el monto aplicable en la subcláusula (I), (II) o (III) de la subsección (a) (1) (A) (i) no puede triplicarse según lo dispuesto en la subsección ( a) (3).
(c) Requisitos de procedimiento .–
(1) En general .– Excepto lo dispuesto en este título, las disposiciones del título 28, el Código de los Estados Unidos y las reglas de los tribunales de los Estados Unidos se aplican a las acciones de esta sección en la misma medida que dichas disposiciones y reglas. se aplica a cualquier otra acción presentada bajo la sección 1331 del título 28 del Código de los Estados Unidos.
(2) Servicio del proceso .– En una acción bajo esta sección, el servicio del proceso en una agencia o agencia de un estado extranjero en la realización de una actividad comercial, o contra individuos que actúan bajo el color de la ley, se hará de acuerdo con con la sección 1608 del título 28, Código de los Estados Unidos.
(d) Cumplimiento de sentencias contra el gobierno cubano .– En una acción presentada en esta sección, cualquier sentencia contra una agencia o un instrumento del gobierno cubano no será ejecutable contra una agencia o un instrumento de gobierno de transición en Cuba o democráticamente Gobierno electo en cuba.
(e) Ciertos bienes inmunes a la ejecución .– La sección 1611 del título 28, Código de los Estados Unidos, se modifica agregando al final la siguiente subsección nueva:
“(c) No obstante lo dispuesto en la sección 1610 de este capítulo, la propiedad de un estado extranjero será inmune al embargo y la ejecución en una acción presentada en virtud de la sección 302 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996 a en la medida en que la propiedad sea una instalación o instalación utilizada por una misión diplomática acreditada para fines oficiales “.
(f) Elección de recursos .–
(1) Elección .– Sujeto al párrafo (2) –
(A) cualquier ciudadano de los Estados Unidos que inicie una acción en virtud de esta sección no puede iniciar ninguna otra acción civil o procedimiento en virtud de la ley común, la ley federal o la ley de cualquiera de los varios estados, el Distrito de Columbia o cualquier mancomunidad, territorio, o posesión de los Estados Unidos, que busca una compensación monetaria o no monetaria por la misma materia;
y
(B) cualquier persona que presente, conforme al derecho consuetudinario o cualquier disposición de la ley que no sea esta sección, una acción civil o un procedimiento de compensación monetaria o no monetaria que surja de una reclamación por la cual una acción sería reconocible en virtud de esta sección, no puede presentar una acción en esta sección sobre esa reclamación.
(2) Tratamiento de reclamantes certificados .– (A) En el caso de cualquier ciudadano de los Estados Unidos que presente una acción bajo esta sección basada en un reclamo certificado bajo el título V de la Ley de liquidación de reclamaciones internacionales de 1949–
(i) si la recuperación en la acción es igual o mayor que el monto de la reclamación certificada, el nacional de los Estados Unidos no puede recibir el pago de la reclamación en virtud de ningún acuerdo celebrado entre los Estados Unidos y Cuba que resuelva las reclamaciones cubiertas por dicho título , y se considerará que dicho nacional ha liberado a los Estados Unidos de cualquier responsabilidad adicional para representar al nacional de los Estados Unidos con respecto a esa reclamación;
(ii) si la recuperación de la acción es menor que el monto de la reclamación certificada, el nacional de los Estados Unidos puede recibir un pago conforme a un acuerdo de reclamaciones descrito en la cláusula (i), pero solo en la medida de la diferencia entre la cantidad de la recuperación y el monto de la reclamación certificada;
y
(iii) si no hay recuperación en la acción, el nacional de los Estados Unidos puede recibir el pago de la reclamación certificada en virtud de un acuerdo de reclamaciones descrito en la cláusula (i) en la misma medida que cualquier reclamante certificado que no presente una acción según esta sección .
(B) En el caso de que algunas o todas las acciones presentadas en virtud de esta sección se consoliden mediante acciones judiciales o de otro tipo, de manera tal que se cree un conjunto de activos disponibles para satisfacer las reclamaciones en dichas acciones, incluido un conjunto de activos en un procedimiento en quiebra , todo reclamante cuya reclamación en una acción así consolidada fue certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras conforme al título V de la Ley de Liquidación de Reclamaciones Internacionales de 1949 tendrá derecho al pago total de su reclamación de los activos en tal grupo antes de que se realice el pago de los activos en dicho grupo con respecto a cualquier reclamación no certificada.
(g) Depósito de pagos en exceso por parte de Cuba en virtud del Acuerdo de reclamaciones .– Cualquier monto pagado por Cuba en virtud de cualquier acuerdo celebrado entre los Estados Unidos y Cuba que resuelva las reclamaciones certificadas según el Título V de la Ley de liquidación de reclamaciones internacionales de 1949 que excedan los pagos realizados en dichas reclamaciones certificadas después de la aplicación de la subsección (f) se depositarán en el Tesoro de los Estados Unidos.
(h) Terminación de derechos .–
(1) En general .– Todos los derechos creados en virtud de esta sección para iniciar una acción por daños monetarios con respecto a bienes confiscados por el gobierno cubano–
(A) puede ser suspendido bajo la sección 204 (a); y
(B) cesará tras la transmisión al Congreso de una determinación del Presidente según la sección 203 (c) (3) de que un gobierno elegido democráticamente en Cuba está en el poder.
(2) Demandas pendientes .– La suspensión o terminación de los derechos en virtud del párrafo (1) no afectará a las demandas iniciadas antes de la fecha de dicha suspensión o terminación (según sea el caso), y en todas las demandas, los procedimientos se llevarán a cabo. , las apelaciones y los juicios emitidos de la misma manera y con el mismo efecto que si no hubiera ocurrido la suspensión o terminación.
(i) Imposición de tarifas de presentación .– La Conferencia Judicial de los Estados Unidos establecerá una tarifa uniforme que se impondrá al demandante o demandantes en cada acción presentada en esta sección. La tarifa debe establecerse a un nivel suficiente para recuperar los costos para los tribunales de las acciones presentadas en esta sección. La tarifa bajo esta subsección es adicional a cualquier otra tarifa impuesta bajo el título 28, Código de los Estados Unidos.
SEC. 303. PRUEBA DE PROPIEDAD DE RECLAMACIONES A PROPIEDADES CONFISCADAS.
(a) Evidencia de propiedad .–
(1) Conclusión de las reclamaciones certificadas .– En cualquier acción presentada bajo este título, el tribunal aceptará como prueba concluyente de la propiedad de un interés en la propiedad una certificación de una reclamación de la propiedad de ese interés que haya sido hecha por las Reclamaciones en el extranjero Comisión de Liquidación bajo el título V de la Ley de Liquidación de Reclamos Internacionales de 1949 (22 USC 1643 y siguientes).
(2) Reclamaciones no certificadas .– Si en una acción bajo este título, una reclamación no ha sido certificada por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, el tribunal puede designar a un capitán especial, incluida la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, para hacer determinaciones con respecto a Importe y titularidad de la reclamación. Tales determinaciones son solo para fines probatorios en acciones civiles.
bajo este título y no constituyen certificaciones bajo el título V de la Ley de resolución de reclamaciones internacionales de 1949.
(3) Efecto de las determinaciones de entidades extranjeras o internacionales .– Al determinar el monto o la propiedad de un reclamo en una acción bajo este título, el tribunal no aceptará como prueba concluyente ningún hallazgo, orden, sentencia o decreto de agencias administrativas o tribunales de países extranjeros u organizaciones internacionales que declaran el valor de la reclamación o la invalidan, a menos que se haya encontrado la declaración de valor o la invalidación de conformidad con el arbitraje internacional vinculante al que los Estados Unidos o el reclamante presentaron la reclamación.
(b) Modificación de la Ley de liquidación de reclamaciones internacionales de 1949 .– El Título V de la Ley de liquidación de reclamaciones internacionales de 1949 (22 U.S.C. 1643 y siguientes) se modifica agregando al final la siguiente nueva sección:
“DETERMINACIÓN DE LA PROPIEDAD DE RECLAMACIONES REFERIDAS POR LOS TRIBUNALES DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
“Sec. 514. A pesar de cualquier otra disposición de esta Ley y solo a los efectos de la sección 302 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996, un tribunal de distrito de los Estados Unidos, para fines de investigación, puede referirse a la Comisión , y la Comisión puede determinar, preguntas sobre el monto y la propiedad de un reclamo por parte de un nacional de los Estados Unidos (como se define en la sección 4 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996), que resulta de la confiscación de bienes por parte de Gobierno de Cuba descrito en la sección.
503 (a), sea o no el nacional de los Estados Unidos calificado como nacional de los Estados Unidos (según se define en la sección 502 (1)) en el momento de la acción por parte del Gobierno de Cuba “.
(c) Regla de construcción .– Nada en esta Ley o en la sección 514 de la Ley de Liquidación de Reclamos Internacionales de 1949, según se agrega en la subsección (b), se interpretará –
(1) exigir o autorizar de otro modo las reclamaciones de ciudadanos cubanos que se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos después de que sus bienes fueron confiscados para ser incluidos en las reclamaciones certificadas ante el Secretario de Estado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras para fines de negociación futura y de adopción de reclamaciones con un gobierno amigo en Cuba cuando se restablecen las relaciones diplomáticas; o
(2) como reemplazo, modificación o alteración de cualquier otra forma de las certificaciones que se hayan realizado bajo el título V de la Ley de Resolución de Reclamos Internacionales de 1949 antes de la fecha de la promulgación de esta Ley.
SEC. 304. EXCLUSIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES EXTRANJERAS.
El Título V de la Ley de liquidación de reclamaciones internacionales de 1949 (22 U.S.C. 1643 y siguientes), según fue enmendada por la sección 303, se modifica aún más agregando al final la siguiente sección nueva:
“EXCLUSIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE ACUERDO DE RECLAMACIONES EXTRANJERAS
“Sec. 515. (a) Sujeto a la subsección (b), ni ningún ciudadano de los Estados Unidos que fuera elegible para presentar una reclamación bajo la sección 503 pero no presentó oportunamente dicha reclamación bajo esa sección, ni ninguna persona que no fuera elegible para presentar una reclamación conforme a la sección 503, ni a ningún ciudadano de Cuba, incluida ninguna agencia, agencia, subdivisión o empresa del Gobierno de Cuba o cualquier gobierno local de Cuba, ni ningún sucesor de la misma, ya sea reconocido o no por los Estados Unidos, tener un reclamo para, participar en, o de lo contrario tener un interés en, los beneficios de la compensación o la compensación no monetaria pagada o asignada a un nacional de los Estados Unidos en virtud de un reclamo certificado por la Comisión según la sección 507, ni ningún tribunal de distrito de Los Estados Unidos tienen jurisdicción para adjudicar cualquier reclamación de este tipo.
“(b) Nada en la subsección (a) se interpretará de manera que reste o afecte de otro modo a cualquier derecho sobre las acciones del capital social de los nacionales de los Estados Unidos que poseen reclamaciones certificadas por la Comisión conforme a la sección 507.”.
SEC. 305. LIMITATION OF ACTIONS.
An action under section 302 may not be brought more than 2 years after the trafficking giving rise to the action has ceased to occur.
SEC. 306. FECHA EFECTIVA.
(a) En General .– Sujeto a los incisos (b) y (c), este título y las enmiendas hechas por este título entrarán en vigencia el 1 de agosto de 1996.
(b) Autoridad de Suspensión .–
(1) Autoridad de suspensión .– El Presidente puede suspender la fecha de vigencia de la subsección (a) por un período no mayor a 6 meses si el Presidente determina e informa por escrito a los comités del Congreso correspondientes al menos 15 días antes de la fecha de vigencia. que la suspensión es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición a la democracia en Cuba.
(2) Suspensiones adicionales .– El Presidente puede suspender la fecha de vigencia de la subsección (a) por períodos adicionales de no más de 6 meses cada uno, cada uno de los cuales comenzará el día después del último día del período durante el cual se suspenda está en vigencia bajo esta subsección, si el Presidente determina e informa por escrito a los comités del Congreso correspondientes al menos 15 días antes de la fecha en que debe comenzar la suspensión adicional, la suspensión es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerar una transición a la democracia en cuba.
(c) Otras Autoridades .–
(1) Suspensión .– Después de que este título y las modificaciones de este título hayan entrado en vigor–
(A) ninguna persona deberá adquirir un interés de propiedad en ninguna acción potencial o pendiente bajo este título;
y
(B) el Presidente puede suspender el derecho a presentar una acción bajo este título con respecto a los bienes confiscados por un período no mayor a 6 meses si el Presidente determina e informa por escrito a los comités del Congreso correspondientes al menos 15 días antes de la suspensión entra en vigencia que dicha suspensión es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y acelerará la transición a la democracia en Cuba.
(2) Suspensiones adicionales .– El Presidente puede suspender el derecho a presentar una acción bajo este título por períodos adicionales de no más de 6 meses cada uno, cada uno de los cuales comenzará el día después del último día del período durante el cual la suspensión está en vigencia bajo esta subsección, si el Presidente determina e informa por escrito a los comités del Congreso correspondientes al menos 15 días antes de la fecha en que debe comenzar la suspensión adicional, que la suspensión es necesaria para los intereses nacionales de los Estados Unidos y Acelerará una transición a la democracia en Cuba.
(3) Demandas pendientes .– Las suspensiones de acciones conforme al párrafo (1) no afectarán a las demandas iniciadas antes de la fecha de dicha suspensión, y en todas esas demandas, se deberán tener procedimientos, apelaciones y juicios dictados de la misma manera. y con el mismo efecto que si no hubiera ocurrido la suspensión.
(d) Rescisión de la suspensión .– El Presidente puede rescindir cualquier suspensión hecha bajo la subsección
(b) o (c) luego de informar a los comités del Congreso apropiados que hacerlo acelerará la transición a la democracia en Cuba.
NOTA DE LOS EDITORES: El Presidente Bill Clinton firmó la Ley Helms-Burton en La Casa Blanca en Marzo 12 del 1996
