Ley Helms-Burton: razones del Congreso de Estados Unidos

    Razones de la Ley Helms-Burton: La negativa del régimen del Clan Castro de permitir elecciones democráticas libres y justas en Cuba. El régimen del Clan Castro ha dejado muy claro que no va a permitir reformas políticas reales que conduzcan a la democracia
El Castrismo es un crimen
El Castrismo es un crimen

Nota Inicial

Título Abreviado: Ley de la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana de 1996 (LIBERTAD)

Para solicitar sanciones internacionales contra el gobierno de Castro en Cuba, para planificar el apoyo de un gobierno de transición que conduzca a un gobierno elegido democráticamente en Cuba, y para otros fines. (Traducido del Inglés de US The State Department sitio web. http://www.state.gov/www/regions/wha/cuba/helms-burton-act.html)

La Ley

La Ley de la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana de 1996 (LIBERTAD) (Ley Helms-Burton Act, Pub. L. 104-114, 110 Stat. 785, 22 USC § § 6021 hasta 6091) es una ley de los Estados Unidos para reforzar las sanciones internacionales contra el gobierno Castrista en Cuba, y para planificar el apoyo a un gobierno de transición que conduzca a un gobierno elegido democráticamente en Cuba.

La ley lleva el nombre de los patrocinadores originales, el Senador Jesse Helms, Republicano de Carolina del Norte, y el Representante Dan Burton, Republicano de Indiana.

La ley fue aprobada el 12 de Marzo de 1996 por el 104 Congreso de los Estados Unidos. El proyecto de ley, presentado a finales de 1995 por el Senador Helms, fue incapaz de superar los filibusteros Demócratas, pero fue reintroducido con éxito en el piso del Congreso que la aprobó tras el incidente del 24 de Febrero de 1996, en el que aviones de combate del régimen Castrista derribaron dos avionetas civiles americanas operados por el grupo de auxilio a las personas que se lanzan a la mar huyendo de la tiranía Hermanos al Rescate con sede en Cayo Hueso, USA , asesinando a sus cuatro tripulantes.
Ley Helms-Burton: razones del Congreso de Estados Unidos

El Congreso de los Estados Unidos ha llegado a las siguientes conclusiones:

La economía de Cuba ha experimentado un descenso de al menos el 60 por ciento en los últimos 5 años, como resultado de
– la supresión de las subvenciones otorgadas por la ex Unión Soviética, de entre 5 mil y 6 mil millones de dólares anuales;
– 36 años (52 para 2012) de tiranía comunista y la mala gestión económica por parte del gobierno de Castro;
– la disminución extrema del comercio entre Cuba y los países del antiguo bloque soviético, y
– la declaración política del Gobierno de Rusia y los países del antiguo bloque soviético de relaciones económicas con Cuba en condiciones estrictamente comerciales

Al mismo tiempo, el bienestar y la salud de la población cubana se han deteriorado como resultado de esta crisis económica y la negativa del régimen de Castro de permitir elecciones democráticas libres y justas en Cuba. El régimen de Castro ha dejado muy claro que no va a permitir reformas políticas reales que conduzcan a la democracia, a una economía de mercado, y a la recuperación económica. La represión del pueblo cubano, incluyendo la prohibición de elecciones democráticas libres y justas, y las violaciones continuas de los derechos humanos fundamentales, han aislado al régimen cubano como el único gobierno no democrático completamente en el Hemisferio Occidental.

Mientras que las elecciones libres no se llevan a cabo en Cuba, la situación económica del país y el bienestar del pueblo cubano no mejorará en forma significativa. La naturaleza totalitaria del régimen del Clan Castro ha privado al pueblo cubano de todos los medios pacíficos para mejorar su condición y ha llevado a miles de ciudadanos cubanos a arriesgar y hasta perder la vida en peligrosos intentos de escapar de Cuba hacia la libertad.

Radio Martí y Televisión Martí han sido vehículos eficaces tanto para ofrecer al pueblo de Cuba con noticias e información y han contribuido a reforzar la moral de la gente de Cuba que vive bajo la tiranía.

La política consecuente de los Estados Unidos hacia Cuba desde el inicio del régimen de Castro, sostenida tanto por gobiernos Demócratas como Republicanos, ha tratado de mantener la fe del pueblo de Cuba, y ha sido eficaz para sancionar el régimen totalitario de Castro. Los Estados Unidos han demostrado un profundo compromiso, y considera que es una obligación moral, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba, tal como se expresa en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Congreso ha manifestado histórica y sistemáticamente su solidaridad y la solidaridad del pueblo de Estados Unidos con las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. La Ley para la Democracia Cubana de 1992 insta al Presidente para alentar a los gobiernos de los países que realizan comercio con Cuba a restringir sus relaciones comerciales y crediticias con Cuba de una manera consistente con los propósitos de la ley.

Las enmiendas a la Ley de Ayuda al Exterior de 1961 por la Ley de Apoyo a la LIBERTAD requiere que el Presidente, en la prestación de asistencia económica a Rusia y a las democracias euroasiáticas emergentes, tenga en cuenta la medida en que están actuando para “terminar el apoyo al régimen comunista en Cuba, incluidas la salida de las tropas rusas en Cuba, el cierre de instalaciones militares y cesar los subsidios comerciales y asistencia económica, nuclear, y otros”.

El Gobierno de Cuba participa en el comercio internacional ilícito de estupefacientes y sirve de refugio a fugitivos de la justicia en los Estados Unidos. El gobierno Castrista amenaza la paz y la seguridad internacionales mediante la participación en actos de subversión armada y el terrorismo, tales como la capacitación y el suministro de grupos dedicados a la violencia internacional.

El gobierno Castrista ha utilizado desde sus inicios y sigue utilizando la tortura en diversas formas (incluyendo la psiquiatría), así como la ejecución, el exilio, la confiscación, la prisión política, y otras formas de terror y represión, como medio de conservar el poder.

El clan Castro ha definido el pluralismo democrático como “basura pluralista” y continúa dejando claro que el castrismo no tiene ninguna intención de tolerar la democratización de la sociedad cubana. (Véase la intervención del presidente de Cuba, Raúl Castro en Guantánamo el 26 de julio de 2012)

El gobierno de Castro mantiene como rehenes en Cuba a cubanos inocentes sólo porque los familiares han escapado del régimen tiránico. Aunque Cuba es un estado signatario de la Convención Interamericana sobre Asilo y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1928 (que protege el derecho a salir del país propio), Cuba no obstante rodea embajadas en la capital por las fuerzas armadas para frustrar el derecho de su los ciudadanos a solicitar asilo y sistemáticamente niega ese derecho al pueblo cubano, castigándolos con penas de prisión por tratar de salir del país y matarlos por tratar de hacerlo (como se demostró en el caso del asesinato confirmado de más de 40 hombres, mujeres y niños que intentaban salir de Cuba el 13 de julio, 1994 en el remolcador “13 de Marzo”).

El gobierno de Castro continúa utilizando el chantaje, como la crisis de inmigración con la que amenazó a los Estados Unidos en el verano de 1994, y otras formas inaceptables e ilegales de conducta para influenciar las acciones de los Estados soberanos del Hemisferio Occidental en franca violación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de otros acuerdos internacionales y del derecho internacional.

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ha informado repetidamente sobre la inaceptable situación de derechos humanos en Cuba y ha tomado la medida extraordinaria de nombrar un Relator Especial para Cuba. El Gobierno cubano ha negado sistemáticamente el acceso del Relator Especial y expresó formalmente su decisión de no “poner en marcha ni una sola coma” de las resolución de las Naciones Unidas que apunta un Relator.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 47-139 del 18 de Diciembre de 1992, la Resolución 48-142 del 20 de Diciembre de 1993, y la Resolución 49-200 del 23 de Diciembre de 1994, en las que se hace referencia a los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas y condena las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. El Artículo 39 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas dispone que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas , para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales “.

Las Naciones Unidas han determinado que violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos pueden constituir una “amenaza a la paz” en virtud del artículo 39 y ha impuesto sanciones por violaciones de los derechos humanos tales en los casos de Rhodesia, Sudáfrica, Iraq y la ex Yugoslavia.

En el caso de Haití, vecino no tan cerca de los Estados Unidos como de Cuba, Estados Unidos encabezó un esfuerzo para obtener y lograr el embargo y bloqueo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Haití, debido a la existencia de una dictadura militar en el poder por menos de 3 años. Posteriormente la Resolución 940 del 31 de Julio de 1994 del Consejo de Seguridad autorizó el uso de “todos los medios necesarios” para restaurar el “gobierno democráticamente electo de Haití”, y el gobierno democráticamente electo de Haití fue restituido en el poder el 15 de octubre de 1994.

El pueblo cubano merece ser ayudado de manera decisiva para poner fin a la tiranía que les ha oprimido durante 36 años (52 años para el 2012), y permitir la continuación de la dictadura totalitaria en Cuba constituye una conducta éticamente incorrecto por parte de la comunidad internacional. Durante los últimos 36 años (52 años en 2012), el gobierno cubano ha demostrado ser, y sigue demostrándolo, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

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